Plataformas tecnológicas legales: la solución a una reforma tributaria
Fernán Ocampo explica las razones por las que las apps de transporte privado deberían ser reguladas.
La iniciativa ciudadana busca regular el transporte privado por medio de aplicaciones tecnológicas.
Foto:Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO
Por: Fernán Ocampo
En Colombia se habla mucho de plataformas tecnológicas y es inevitable pensar cuáles de ellas están en la ‘línea blanca’ de la legalidad y cuáles en la ‘gris’ de ilegalidad, y siendo el sector transporte uno de los principales ejes de la Cuarta Revolución Industrial, la ilegalidad en las plataformas de este sector no se queda atrás.
Después de estudiar la reglamentación a detalle del sector transporte en nuestro país, considero que el problema no es la legislación, y aunque posiblemente no tenemos la más moderna ni la mejor, sabemos que se puede mejorar.
Actualmente, existe un proyecto de ley que lidera el representante a la Cámara, Mauricio Toro, en el que se exige a las plataformas que si el servicio es prestado en el territorio colombiano se deben generar los ingresos en cuentas colombianas y no facturarlas fuera del país, un deber que no se aplican hoy en día.
El gran problema reside en que las grandes multinacionales de las plataformas del transporte prefieren pagar multas a la Superintendencia antes que pagar impuestos al Estado. ¿Por qué? Porque les es más rentable ser ilegal y pagar bajas multas a ser legal y pagar impuestos.
Las grandes multinacionales de las plataformas del transporte prefieren pagar multas a la Superintendencia antes que pagar impuestos al Estado
Un ejemplo claro de esta posible evasión puede que suceda en una de las compañías más grandes de transporte que opera actualmente en Colombia y que, según el gerente general de esta compañía, su plataforma cuenta con 83 mil carros (cifras desde el 2018): lo que se traduciría, en promedio, en que si un carro factura 3.150.000 al mes, esta compañía facturaría más de 3 billones de pesos al año.
En consecuencia, y siguiendo el ejemplo antes mencionado, la mayoría de ese dinero, por no decir todo, la compañía lo factura fuera del país, siendo un servicio que lo presta 100% en el territorio colombiano, y además es pagado en dólares y no en pesos colombianos, generando un gran daño a la balanza comercial.
Dicho de otra forma, una de las consecuencias de que estas grandes plataformas de transporte no facturen en Colombia, pero sí operen aquí, es que el peso se devalúa y por ende aumenta la inflación.
Haciendo un ejercicio sencillo: lo máximo que puede multar la Superintendencia de Transporte son 500 millones de pesos (máximo dos veces al año), ya que no tienen suficientes ‘dientes’ para exigir más, según la ley por la que se rigen, y con todas las garantías que da nuestro país, eso tomaría más de seis meses, y en el mejor de los casos, multarán dos veces sumando 1.000 millones de pesos.
1.000 millones de pesos al año versus una posible evasión de más de 700 mil millones de pesos, también al año, es lo que esta compañía de transporte que factura 3 billones de pesos al año podría estar evadiendo.
La pregunta aquí sería, ¿de dónde salen los 700 mil millones de pesos que evade esa compañía? Y la respuesta es sencilla: saldrían del IVA, del ICA y del Retefuente.
Pero qué se podría hacer con ese dinero que posiblemente evade una de las plataformas tecnológicas de transporte más importante, además de no subir los impuestos al ciudadano común: se podría, solo por mencionar un ejemplo, utilizar para la construcción de 210 colegios totalmente dotados en los que podrían estudiar más de 210.000 niños.
Para no ir muy lejos, con los 6 años que lleva esta plataforma de transporte operando en el país, se podría evitar una reforma tributaria, ya que serían más de 4,2 billones de pesos (700 mil millones por 6 años) que recibiría Colombia.
A causa de esto, también se le quita la oportunidad a cientos de emprendedores colombianos, ya que no pueden competir con las multinacionales de transporte por ese desbalance enorme. Al mismo tiempo, mermaría la creación e innovación en este sector y se perderían grandes ideas de emprendedores colombianos para usuarios colombianos.
Para explicarlo mejor: si un emprendedor quisiera entrar al negocio de los transportes privados tendría que pagar al Gobierno, en el mejor de los casos, un 19% en impuestos para prestar sus servicios y así evitar pagar las multas de 500 millones de pesos, las cuales ¡lo dejarían más que en la calle! Pero la verdad aquí es que un impuesto no puede influir en aumentar o disminuir la competitividad de una empresa con otra, debe ser aplicado de igual forma por todos.
Si un emprendedor quisiera entrar al negocio de los transportes privados tendría que pagar al Gobierno un 19% en impuestos para prestar sus servicios y así evitar multas de 500 millones de pesos
Una posible solución es darles los ‘dientes’ necesarios a la Superintendencia de Transporte con una ley que le permite aplicar multas superiores a los 400 mil millones de pesos. Además, con reglas claras para que esta entidad evite la operación ilegal de empresas de transporte y así los que quieran hacer empresa en este sector lo hagan siguiendo el estado de derecho.
Es claro que ser legal y regirse por los lineamientos que exige la ley no es un reto, y aunque actualmente en Colombia existe una modalidad como ‘Servicio Privado de Transporte’, con la que se podría eliminar esa ‘línea gris’ de ilegalidad de la que hablábamos al principio, lamentablemente muchas compañías de transporte deciden no hacerlo, excusándose en que son plataformas tecnológicas de transporte.
Llegar al punto en que todas las empresas de transporte del país (grandes o pequeñas) puedan competir de forma legal y en igualdad de condiciones, debe ser el objetivo para que el talento que existe en Colombia se desarrolle, porque la tecnología es el medio, no es el fin.
Fernán Ocampo
Emprendedor TIC@FernanOcampo
Info extraída de: www.eleconomista.es
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